Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 55/2023
29 de abril de 2023
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Fotos «La agenda pendiente de los DDHH de las infancias y adolescencias: retos de México ante Comité de los Derechos de NyN de la ONU»Al menos dos millones de niñas, niños y adolescentes (NNyA), en 870 mil hogares en México, no habían tomado alimento durante todo un día, o habían comido sólo una vez, señaló el investigador Saúl Arellano Almanza, quien advirtió sobre la necesidad de priorizar el derecho a la seguridad alimentaria, erradicar el hambre y construir una nueva política de educación, en la Agenda Pública 2024.
El integrante del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se refirió a lo que califica como una falla estructural del Estado, que implica -en el presente- deficiencias en el peso y talla, ausentismo y bajo rendimiento escolar, así como violencia en contra de las personas menores de 18 años.
En el marco de la Mesa de Diálogo: “La agenda pendiente de los derechos de las infancias y adolescencias: retos de México ante el Comité de los Derechos de las niñas y niños de la ONU”, que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), insistió sobre la falta de alimentos sanos, nutritivos y variados disponibles en, por lo menos, un millón 200 mil hogares donde vivían niñas y niños de cero a 17 años.
En la Mesa “Niñez con hambre”, advirtió sobre la total probabilidad de perpetuar los índices de pobreza de niñas y niños que viven en casas con pisos de tierra, sin seguridad social y sin posibilidad de acceso a la canasta alimentaria, en detrimento de sus derechos intergeneracionales.
El coautor del libro Índice de los Derechos de la Niñez 2022. Cinco años de incumplimiento de derechos, Arellano Almanza lamentó que, en el contexto de la pandemia por COVID-19, se dejó de registrar la desnutrición severa, moderada y leve, por parte de las autoridades oficiales de salud, no obstante que los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2020, ya eran alarmantes.
Asimismo, llamó la atención en la brecha de género que reporta más niñas y adolescentes mujeres con hambre, respecto a sus pares varones; así como sobre que uno de cada tres niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad, y que en 2022 sumó 800 mil nuevos casos.
En ese contexto, exhortó a construir una política de Estado que garantice el ejercicio de los derechos a la alimentación y a la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes, que considere y destine recursos a las estrategias de desarrollo de los gobiernos estatales y municipales en todo el país.
“En 2020, alrededor de 900 municipios del país tenían a más de 80% de las niñas y niños en pobreza; es una calamidad: las condiciones de hambre y violencia son dramáticas y no hay una política de Estado que les atienda”, subrayó.
Por su parte, la Coordinadora de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Instituto Mora, Blanca Elena Gómez, habló de algunos modelos exitosos, como la experiencia de Salas Cuna, para abatir el hambre y la desnutrición en niñas y niños, que dijo, no tiene que ver con la escasez de alimentos, sino que está vinculada a su distribución y acceso o condiciones de disponibilidad.
Estados como Chile, Paraguay y Uruguay garantizan a niñas y niños en primera infancia, educación, estimulación temprana y alimentación, así como la obligación de las empresas para que financien Salas Cuna, que han logrado una disminución de pobreza y hambre en las infancias y un impacto favorable para su desarrollo con equidad.
Al hablar sobre la Agenda 2030 y el Derechos a la Alimentación en la Infancia, expuso que hay un problema estructural de pobreza y muchas veces esos recursos -insuficientes- no se destinan específicamente para la alimentación, y menos para las infancias; la dispersión de recursos que se transfieren, a través de becas bimestrales de mil 680 pesos, a 3 millones 732 mil familias.
El investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Abelardo Ávila, advirtió sobre la interpretación de datos que estarían impidiendo el diseño y ejecución de acciones acertadas desde las instituciones de salud.
“El mismo niño pudo haber sido tremendamente desnutrido y en poco tiempo se convierte en obeso, como consecuencia de comidas chatarra, que además de ventajas fiscales, lograron presencia en programas de asistencia alimentaria-, sobre todo en niños en pobreza, comprometiendo de manera precoz su metabolismo por enfermedades crónicas”, señaló.
En su exposición sobre la “Situación alimentaria y nutricional de la niñez mexicana y los impactos en la desnutrición y mala alimentación”, se pronunció porque todo el sistema de salud sea redefinido, lo mismo que el de atención integral de las infancias, con el fin de que desarrollen plenamente sus capacidades.
Lo anterior, insistió, al margen de la voluntad política, sino de la capacidad de gobernanza de la sociedad.
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