Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 57/2023
1 de mayo de 2023
La celebración del Día Internacional del Trabajo es cada año, una ocasión para refrendar la importancia de los derechos sociales básicos para la subsistencia de las personas y las familias; y del trabajo decente, como aquel que permite una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo, incluidos los ambientes libres de discriminación o acoso y la protección social.
En este marco, hace un año la Organización Internacional del Trabajo (OIT), modificó sus convenios fundamentales para incluir como derechos la seguridad y la salud en el trabajo; tal modificación obligó a los Estados miembros a respetar y promover y hacer realidad, el derecho a un entorno laboral seguro y saludable.
En 2021, los casos de accidentes y enfermedades de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron 122 mil 474, de los cuales el 69.53 % fueron accidentes, 25.66 % accidentes de trayecto, y 4.81% enfermedades profesionales.
Desde una perspectiva integral, la garantía del derecho a un ambiente seguro y saludable debe también incluir espacios físicos adecuados y accesibles; así como la erradicación del acoso laboral y sexual en los entornos de trabajo. En México; el acoso, la violencia y el hostigamiento laboral ocasionaron la renuncia de 18 mil personas. Las mujeres son las más afectadas, pues según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 27.9 % ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral.
Todo ello se inscribe dentro del concepto de trabajo decente, es decir, uno en que además de acceder a un empleo productivo con un ingreso justo exista la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social, la igualdad de oportunidades y de trato; y en general, entornos saludables en que se respeten los derechos humanos y se favorezca el desarrollo personal.
Es por ello que, en ocasión del Día Internacional del Trabajo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) insta a las autoridades para que en el marco de sus atribuciones genere un amplio diálogo social, en los términos que la propia OIT estipula, para el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; para promover y garantizar el respeto pleno a la dignidad humana de las personas trabajadoras, sin discriminación alguna.
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