Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 70/2023
29 de mayo de 2023
Desde la conceptualización de las instituciones jurídico-políticas, se justificó excluir a las mujeres negándoles el disfrute y ejercicio de diversos derechos humanos a la par de los hombres, entre ellos los derechos civiles y políticos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las mujeres han luchado por desafiar esas estructuras y conquistar reivindicaciones vinculadas con la vida tanto privada como pública.
En la vida política, apenas hace 68 años las mujeres pudieron participar en una elección federal y hace 44 años se erigió la primera mujer gobernadora de una entidad federativa. En 2019, se reformó la Constitución Política Federal para incorporar la participación paritaria de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones y en 2020, se reformaron ocho Leyes con el objetivo de añadir al marco jurídico la violencia política contra las mujeres.
Si bien el reconocimiento de esos derechos se ha dado de forma lenta, estas modificaciones representan un hito en la reivindicación del papel de las mujeres en la vida pública y privada. En ese sentido, a las anteriores reformas, se suma el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, publicado el día de hoy, 29 de mayo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación.
Dichas adiciones tienen por objeto garantizar que ninguna persona con sentencia firme que haya cometido delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar o equiparada, violación a la intimidad sexual y/o violencia política contra las mujeres o en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, pueda ser registrada como candidata para cargos de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como tampoco para ser persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
De igual forma, dicha reforma pretende que ninguna persona declarada como persona deudora alimentaria morosa pueda acceder a dichos cargos públicos y de elección popular con lo que se contribuye a desmontar la violencia estructural que impacta no solo a las mujeres sino también a las niñas, niños y adolescentes (NNyA).
Con la entrada en vigor del Decreto -el 30 de mayo de 2023-, las Legislaturas de los estados tendrán 180 días para ajustar su marco normativo a fin de dar cumplimiento con lo establecido, es decir, a más tardar el 26 de noviembre del presente año se armonizará la suspensión de los derechos político-electorales en los casos en los que se refiere en todo el país, lo que impactará en todos los niveles de gobierno.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reconoce el impulso de la sociedad civil para aprobar estas reformas que confirman el mensaje de la importancia de normalizar la noción de que la legitimidad de las autoridades, depende necesariamente del respeto a los derechos humanos tanto en el ámbito público como en el privado.
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