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Ombudsperson de Iberoamérica se pronuncian por la garantía de los derechos de las personas en movilidad humana

Boletín 96/2023
23 de julio de 2023

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Ante la crisis migratoria global y el incremento de políticas restrictivas, integrantes de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) -de la cual forma parte la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)-, se pronunciaron por fortalecer la coordinación, articulación y diseño de herramientas que favorezcan el pleno ejercicio de derechos de la población en movilidad humana.

En el marco de la Quinta Cumbre de Movilidad Humana y Derechos Humanos, realizada en Cochabamba, Bolivia, Ombudsperson provenientes de 15 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) hicieron un exhorto conjunto a los Estados en todos sus niveles.

Las Defensoras y Defensores del Pueblo, Procuradoras y Procuradores, Comisionadas y Comisionados de Derechos Humanos -entre ellas la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández-, consideraron necesario asegurar el acceso a procesos justos y efectivos para el reconocimiento de la condición de personas refugiadas y apátridas, incorporando enfoques de derechos humanos y diferenciados de protección, a partir de la adopción de una perspectiva de interseccionalidad.

Otro punto central es garantizar el derecho a la vida, la dignidad humana, el interés superior del niño, niña y adolescente, el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo.

En el pronunciamiento subrayaron el garantizar el principio de no devolución, eliminando prácticas que limiten el acceso al territorio de los Estados para solicitar protección internacional o la implementación de procesos acelerados de expulsión o rechazo en frontera.

Para las y los Ombudsperson iberoamericanos es fundamental reconocer que existe una crisis de movilidad humana sin precedentes en la región y que los desplazamientos forzados constituyen una violación sistemática de los derechos humanos.

Por ese motivo se requiere flexibilizar los requisitos de ingreso a los respectivos territorios, tomando en cuenta el enfoque diferenciado e interseccional de personas en movilidad.

Del mismo modo llamaron a los Estados a fortalecer a las instancias estatales de atención y protección a niñas, niños y adolescentes, así como  mujeres en procesos de movilidad humana en situación de violencia, para que éstos brinden la debida atención, sin la exigencia de requisito alguno, como la Cédula de Identidad, Pasaporte o regularidad migratoria.

También expusieron que se necesita proporcionar acceso a la asistencia humanitaria, así como políticas tendientes a fomentar la inclusión social de estos grupos.

Otro de los planteamientos es contemplar la excepcionalidad de la detención según los estándares internacionales e interamericanos, y garantizar de la manera más amplia posible el otorgamiento de documentación que facilite el tránsito de las personas en movilidad.

Para las y los integrantes de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la FIO es prioridad generar procesos administrativos simplificados y desburocratizados, que garanticen la reunificación familiar.

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