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Las Defensorías de Derechos Humanos locales deben ser garantes del equilibrio social ante las desigualdades en la región latinoamericana

Boletín 113/2023
18 de agosto de 2023

 

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Ante la desigualdad histórica y de facto por la que atraviesan los movimientos migratorios y feministas, los Estados en la región de América Latina deben adoptar medidas diferenciadas para atender, reparar, revertir y transformar la violencia y discriminación que enfrentan estos grupos poblacionales.

Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante su participación en el Congreso Internacional de la Personería de Bogotá: Derechos Humanos Emergentes, realizado en Colombia.

Al impartir la ponencia “Las desigualdades y la violencia con impactos diferenciados: movimientos migratorios y feministas”, se pronunció por generar equilibrios sociales en la región latinoamericana desde las Defensorías de Derechos Humanos, toda vez que estos fenómenos globales impactan en el ámbito local.

La Ombudsperson capitalina manifestó que en los citados movimientos y en otros más se debe privilegiar siempre el diálogo para alcanzar la justicia restaurativa y la construcción de consensos entre la sociedad y las autoridades del Estado.

Explicó que los movimientos migratorios en todo el mundo se están desarrollando por diversos factores económicos, políticas, violencia o cambio climático. En los últimos 15 años, en la región la movilidad humana ha cambiado no sólo en su dimensión masiva, sino también en su forma.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió la persistencia de prácticas que limitan el acceso al territorio de los Estados para solicitar protección, la presencia de fuerzas armadas en tareas migratorias y el aumento en la violencia en los cruces transfronterizos como los registrados en la selva del Darién entre Panamá y Colombia, el paso fronterizo de Colchane en el altiplano chileno-boliviano, y la frontera sur de México y Soconusco, en Guatemala.

Ramírez Hernández consideró necesario cambiar los estándares de protección porque hoy se registran procesos de migración familiar, motivo por el cual se requiere una atención diferenciada. Este problema no puede atenderse únicamente desde un enfoque de seguridad, sino desde la portabilidad y ejercicio de los derechos humanos.

Las ciudades que anteriormente eran de paso, ahora son de destino; lo cual las impactó en la demanda de servicios de educación, alimentación, salud, protección humanitaria y trabajo. Subrayó que la migración no es un problema de fronteras, es una situación que nos corresponde a todas, todos y todes atenderla, desde las ciudades y provincias.

En cuanto a los plurales movimientos feministas, Ramírez Hernández afirmó que el principal impacto de la violencia y la desigualdad dentro de las ciudades en perjuicio de las mujeres se dan en relación con el espacio público y también en el digital.

Aseveró que el espacio público está lejos de ser el mismo para todas las personas, está altamente segmentado y puede apreciarse en la división de las ciudades en zonas residenciales, comerciales, de oficinas o industriales; así como el transporte público, donde padecen agresiones y acoso sexual.

La Presidenta de la CDHCM aseguró que dentro de las ciudades, la protesta feminista se ha convertido en una contra-respuesta a la desigualdad y violencia económica. Por ello se busca una opción diferente para sobrevivir a través de intervenciones en las paredes, pintas y performances.

La acción directa de los grupos feministas en la Ciudad de México es lo que predomina hoy como forma de protesta social, enfrentan todo y guardan su identidad para protegerse porque son transgresoras. Enfatizó que es la nueva forma de manifestarse en la región y es necesario aprender a reconocerlas, trabajar con la autoridad el espacio público, en un contexto de contraposición de derechos.

En ese sentido, el fenómeno de la movilidad humana y luchas feministas por la reivindicación de sus derechos, requieren de la respuesta inmediata de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, a través de la articulación de redes regionales.

 

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