Boletín 112/2023
16 de agosto de 2023
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La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, destacó la urgencia de emprender acciones concretas que acorten las brechas de desigualdad estructural que vulneran el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.
Al participar en la Conferencia “Mujeres indígenas de México: voces de acción y resistencia”, organizada por la Barra Mexicana de Abogados (BMA), sostuvo que si bien existe un reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas ante la Ley -el cual ha sido progresivo a través de reformas, leyes y tratados internacionales-, es amplia la brecha de desigualdad en el ejercicio efectivo de sus derechos.
Indicó que en nuestro país -de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020- habitan 23.2 millones de personas de 3 años o más que se autoadscriben como indígenas, de las cuales 11.9 millones son mujeres indígenas (51.4% de ese total). Por eso, dijo, es fundamental visibilizarlas en su diversidad a través de una mirada interseccional y diferenciada.
Apuntó que México es reconocido como uno de los cinco países con mayor riqueza lingüística en el mundo, ya que existen 68 pueblos indígenas y 364 variantes lingüísticas. No obstante, precisó, la desigualdad estructural que afecta a las mujeres de este grupo de población se aprecia en diversos rubros como educación y salud, entre otros.
Indicó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que en 2020 la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más, respecto a mujeres hablantes de lengua indígena era de 26.2%; mientras que en hombres era de 15.1%; y en el caso de mujeres que no hablan lengua indígena fue de 4.1%.
Mencionó que 60.5% del total de la población de 12 años y más, hablante de lengua indígena, declaró ser económicamente activa. Pero la situación fue opuesta para las mujeres hablantes de lengua indígena con 42.8%, mientras que para las indígenas no hablantes fue de 49.5%.
Ramírez Hernández señaló que de acuerdo con el análisis Interseccionalidad de las Desigualdades de Género en México 2022, del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y ONU-Mujeres México, 63.1% de las mujeres indígenas más pobres en zonas rurales habitan en una vivienda sin escrituras.
Por otra parte, abundó, sólo 3 de cada 10 mujeres indígenas más pobres en zonas rurales, de 15 a 49 años, recibió atención profesional durante el parto. Aspecto al que se suman tanto la falta de accesibilidad como razones de pertinencia cultural.
Ante este contexto, la Ombudsperson capitalina aseveró que las personas indígenas en la Ciudad de México son consideradas como grupo de atención prioritaria, porque la Constitución local pone el énfasis en la obligación del Estado de atender de manera reforzada la condición de desigualdad estructural que enfrentan al ejercer sus derechos.
Por ese motivo, consideró que es fundamental que desde las universidades se formen abogadas y abogados que incorporen el pluralismo jurídico de nuestro modelo constitucional, para garantizar los derechos de las mujeres indígenas ante la discriminación y exclusión de la que son víctimas.
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