Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 130/2023
15 de septiembre de 2023
A más de tres años del feminicido de Ingrid Escamilla, el pasado 12 de septiembre el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal en materia de delitos cometidos contra la administración de justicia con el objetivo de detener las filtraciones de información e imágenes de víctimas por parte de personas servidoras públicas.
Si bien el Código Penal Federal ya contempla la sanción a conductas relacionadas con la filtración de información, el Dictamen -pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados- fortalece el tipo penal en tanto suma las conductas relativas a difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, grabar vídeo o audio, fotografiar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir documentos, información, imágenes, audios, videos, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias. La adición de las mismas atiende a las principales formas en que se “trafica” con material que posteriormente es publicado en medios de comunicación.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en la Recomendación 09/2019 relativa a la falta de investigación y filtración de información en los casos de posible feminicidio documentó que existe un patrón de filtración de información, imágenes o similares que constituye violencia institucional en tanto las personas servidoras públicas son quienes están obligados a salvaguardar la integridad de las víctimas.
Las filtraciones de información o imágenes revictimizan y violan los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas en tanto vulneran su integridad y dignidad, así como los derechos asociados con la investigación pronta y eficaz, debido proceso, justicia, verdad y memoria.
En ese sentido, se vuelve urgente terminar con los incentivos que generan dichas filtraciones y llamar a la ética periodística, de los medios de comunicación y del servicio público para terminar con la comercialización de las imágenes, audios e información que lucra con las víctimas.
En suma, esta Comisión celebra la aprobación del Dictamen en el Pleno del Senado que sanciona la filtración de contenido por parte de personas servidoras públicas y hace un llamado a la Cámara de Diputados a aprobar el mismo en tanto es una herramienta que contribuye a desmontar la participación de agentes del estado en los ciclos de violencia institucional.
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