Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 152/2023
31 de octubre de 2023
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Video del evento 
Palabras de la Presidenta de CDHCM 
Fotos del evento Ante el nivel de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres familiares de las personas privadas de la libertad, es necesario tejer una agenda de política pública bajo los Principios de Bogotá, con el fin de que las disposiciones de este documento tengan carácter regional y obligatorio para los Estados.
Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, en la presentación de los Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de los Derechos de las Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (Principios de Bogotá).
Dijo que, de acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en la capital del país hay, al día de hoy, 25 mil 250 personas privadas de la libertad, que en su mayoría enfrentan condiciones estructurales que vulneran o impiden el ejercicio de sus derechos humanos, tal como lo ha acreditado la CDHCM en los últimos 6 años, a través de 45 Recomendaciones.
La Defensora explicó que la violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad -a la vida, a la salud o a no ser víctima de tortura o malos tratos, entre otros- fue denunciada en un primer momento y en la gran mayoría de los casos, por sus madres, esposas, hijas o hermanas, debido al papel que asumen como cuidadoras, proveedoras y defensoras.
“Es necesario observar a las familias, cómo se transforman las dinámicas y las afectaciones en sus integrantes, pues trasciende especialmente en las niñas, niños y adolescentes (NNyA), así como en mujeres que las conforman”, advirtió Ramírez Hernández.
Destacó que la situación es especialmente grave bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, donde ni siquiera media un juicio o audiencia y las consecuencias económicas, sociales y emocionales contribuyen a perpetuar la violencia institucional en contra de quienes integran las familias de las personas privadas de la libertad.
La CDHCM ha documentado, agregó, afectaciones económicas ante la pérdida de los ingresos de la persona privada de su libertad, porque sus familiares se convierten en el principal sostén de alimentación, salubridad, higiene y vestido; afectaciones emocionales, ante la falta de certidumbre sobre los procesos judiciales, desde la detención hasta los traslados, con síntomas físicos como estrés y ansiedad, al convertir a las familias en víctimas del sistema de administración y procuración de justicia.
Asimismo, las personas familiares enfrentan el estigma de tener en su núcleo familiar a una persona privada de la libertad y no contar con políticas públicas que les consideren en sus necesidades.
Por su parte, el Director de Política y Pactos Internacionales en Derechos Humanos, de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Ignacio Juárez García, señaló que los Principios de Bogotá son acordes con el marco constitucional mexicano.
Reconoció también la necesidad de procurar los derechos de las mujeres y niñas con familiares privados de la libertad, ante la carga de los cuidados que les representa tal situación.
La SRE buscará llevar para su consideración y discusión -junto con el Instituto Nacional de las Mujeres-, ante la Comisión de Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, los Principios de Bogotá.
En tanto, la Directora Ejecutiva de Documenta AC, María Sirvent Bravo-Ahuja, señaló que los Principios de Bogotá fueron establecidos en el marco del Encuentro Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad, convocado por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF), en América Latina, España y El Caribe.
Insistió en que, quienes se enfrentan de forma sistemática al aparato penitenciario son las mujeres familiares, quienes visitan, entregan víveres y abogan por el bienestar de su familiar encarcelado: “Con ellas, van de visita niños, niñas y adolescentes, quienes también experimentan el impacto de la cárcel”.
Las mujeres, subrayó María Sivent, sufren un impacto desproporcionado y diferenciado sobre sus vidas, debido a que son quienes sostienen a la persona privada de la libertad dentro de la prisión y al resto de la familia en el exterior, trabajando el doble para ganar más dinero, relegando sus actividades, descuidando su salud y viéndose violentadas física y psicológicamente por las administraciones penitenciarias, judiciales y estatales.
En tanto, el Oficial de Proyectos Documenta A.C., Víctor Daniel Lagunas Ocampo, señaló que los familiares de una persona privada de la libertad son quienes mantienen un vínculo de consanguinidad, afinidad o adopción, sin distinción de su origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, identidad de género, orientación sexual, forma de hablar o vestir o cualquiera otra condición social.
Explicó que los Principios Generales son: I. Igualdad y no discriminación; II. Salud; III. Derecho a la protección del vínculo familiar; IV. Acceso a la Información; V. Acceso a la Juisticia; VI. Derecho a la Intimidad, registros y otras medidas; VII. Perspectiva de Género y Diversidad; VIII. Principios relativos a los efectod diferenciados por la condición social y étnica de las familiares de Personas Privadas de Libertad; IX. Principios relativos a niños, niñas y adolescentes familiares de personas privadas de la libertad; X. Principios relativos a casos de muerte en custodia; y XI. Principios relativos a los derechos a la organización y participación de las familiares.
En el evento que tuvo como objetivo resaltar las afectaciones a los derechos humanos de las familiares de personas privadas de la libertad y la importancia de adoptar y difundir los Principios de Bogotá, se contó con el testimonio de Lucía Alvarado, activista de los derechos humanos de las familiares de personas privadas de la libertad en México, quien destacó el profundo desconocimiento social sobre las diversas problemáticas y el impacto del encarcelamiento en las familias.
Asimismo, a través de videollamadas, de las experiencias de la Directora de la Asociación Azul Originario (AZO), en El Salvador, Wendy Morales; y de la Vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles de Ecuador, Ana Morales.
