Boletín 149/2023
26 de octubre de 2023
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El modelo social de la discapacidad, el contenido del derecho a la salud física y mental, así como el ámbito de seguridad humana son un andamiaje fundamental para una política de prevención y atención de adicciones, congruente con un enfoque integral de derechos.
Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, al participar en el Segundo Foro de Derechos Humanos, Salud Mental y Adicciones, convocado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México.
Explicó que se requiere un cambio de paradigma para fijar un punto de partida congruente al enfoque de derechos humanos en la prevención y atención de las adicciones, como un asunto de salud integral que puede o no estar relacionado con una discapacidad.
Al compartir la ponencia “Modelo social en la estrategia de prevención y atención de las adicciones”, aseveró que la política para reducir el consumo de sustancias psicoactivas ha sido principalmente abordada desde una mirada estigmatizante, limitada, limitante y criminalizante; y si bien, agregó, ha existido una atención psiquiátrica, ésta es escasa e insuficiente en términos de la concepción de salud como el nivel más alto posible de bienestar físico y mental.
Manifestó que la aplicación del modelo social de la discapacidad en la prevención y atención de las adicciones y la salud mental se identifica en el respeto de las personas como sujetos y titulares de derechos, lo que activa obligaciones distintas de las autoridades, quienes tradicionalmente activan una mirada asistencial y punitivista.
Señaló que el cambio de perspectiva de un modelo exclusivo y médico de las adicciones a uno social, incluye el reconocimiento del derecho a la salud de las personas consumidoras de sustancias y se vincula necesariamente con la prevención y atención desde el estándar amplio del citado derecho, incluida la mental.
El tema de las adicciones tradicionalmente ha sido abordado desde el punto de vista delictivo y criminalizante; sin embargo, abundó, es preciso que una mirada amplia sobre la seguridad humana se sobreponga a la simple mirada de seguridad pública en esta materia.
“La prevención y atención a las adicciones son un asunto de interés público, respecto al cual el Estado está obligado a responder a partir de un enfoque de derechos humanos”, subrayó.
Ramírez Hernández expresó la necesidad de terminar con la institucionalización de las personas que consumen sustancias. “Principalmente la irregular, en las que pueden coincidir o no alguna discapacidad psicosocial, y para ello es necesario seguir un plan progresivo y sostenido para la erradicación total de la institucionalización”.
Previamente, en la inauguración de dicho Foro, la Defensora advirtió sobre la necesidad de prevenir a través de la promoción de la salud comunitaria, por lo que consideró que la jornada que se realiza hoy y mañana permitirá intercambiar conocimientos y experiencias en la materia.
Celebró la generación de conocimiento interdisciplinario encaminados a superar la visión tradicional para la atención de adicciones y a la salud mental, y pasar de la estigmatización a un modelo de derechos humanos en la atención individual y colectiva de las personas.
Señaló que, luego de la pandemia de COVID, las problemáticas asociadas a las adicciones y a la salud mental aumentaron en todo el mundo y que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en México se incrementó en 15% el consumo de sustancias en adolescentes, población en la cual prevé también un aumento de 25% en trastornos de ansiedad y depresión.
En su intervención, la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, destacó que el consumo de tabaco y alcohol significan un riesgo para las y los adolescentes, por lo que en la capital del país se han implementado programas como Espacios 100% Libres de Humo, Tabaco y Emisiones; así como Conduce Sin Alcohol.
Por su parte, el Coordinador General de Inclusión Social de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Eli Evangelista Martínez, coincidió en señalar que la salud mental y las adicciones son temas de inclusión y del bienestar social, así como de los derechos humanos.
Son sujetos, dijo, de carne y hueso que, en sus comunidades tienen el reto de enfrentar sus debilidades a través de la recuperación de sus fortalezas y capacidades. Lo anterior, es razón para continuar colaborando responsablemente entre instituciones y con la ciudadanía, a través del desarrollo de este Foro.
En la inauguración del Segundo Foro también se contó con la participación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Paulina Salazar Patiño; y del Director General del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, Arturo Morell Barragán, quien presentó el performance ¿Yo soy y existo!, ¡Un grito de libertad!