Boletín 167/2023
29 de noviembre de 2023
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- Si no se trabaja en territorio, en las calles, barrios, colonias, escuelas y con las personas donde ellas habitan, la capacidad de atención y servicios en materia de derechos humanos estará limitada.
- El reto de la CDHCM es lograr una mayor cobertura en toda la Ciudad ante la demanda de servicios en las Alcaldías.
Ante el aumento en la demanda de servicios que brinda a quienes habitan y transitan por la capital del país, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), requiere recursos por 498.3 millones de pesos para su Presupuesto 2024.
En la Mesa de Trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del II Congreso de la Ciudad de México, la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que, hasta el pasado 31 de octubre, se brindaron 42 mil 585 servicios institucionales y prevé cerrar 2023 con más de 50 mil servicios, que significarán 4% más que en 2022.
Explicó que lo anterior será posible en virtud del incremento de los servicios en materia de defensa en las delegaciones de las 16 Alcaldías, que permitirá consolidar también las cinco líneas de trabajo para dar cumplimiento a la Agenda 25, cuyo centro son las personas y la proximidad territorial de la CDHCM.
En esa ruta, agregó, continuará impulsando la transformación del Sistema No Jurisdiccional, avanzando en procesos de restitución inmediata de derechos, sobre la línea de justicia restaurativa, a través de procesos de mediación y de lograr conciliaciones, así como del trabajo directo con autoridades y peticionarios.
Durante 2023, apuntó, se abrieron 6 mil 874 nuevos expedientes y, hasta el mes pasado, se habían concluido 7 mil 468, por lo que la eficacia en la atención, que incluye el abatimiento del rezago, de hace seis años a la fecha, es de 109% durante su administración: “De los expedientes que se inician en el Mecanismo de Restitución de Derechos, 77.5% se concluyen satisfactoriamente para las y los peticionarios”.
La Defensora expuso que se han celebrado 8 Acuerdos Conciliatorios entre Peticionarios y autoridades -Secretaría de Seguridad Ciudadana (2), Fiscalía General de Justicia (5) y Alcaldía Benito Juárez (1)-; se han emitido 16 Recomendaciones y una Recomendación General: 94 personas fueron incluidas en las Recomendaciones y 4 mil 236 fueron atendidas a través de los mecanismos de mediación, conciliación y solución de problemáticas efectivas.
En cuanto al trabajo territorial, esta Comisión de Derechos Humanos ha dado acompañamiento a 121 protestas y manifestaciones sociales, gestiones con la autoridad, oficios de colaboración y emisión de medidas precautorias.
A través de las actividades de Educación en Derechos Humanos, la CDHCM cerrará su acercamiento a más de 190 mil personas, con 93 mil de población general, 42 mil servidoras públicas y 25 mil niñas, niños y adolescentes (NNyA), hasta octubre pasado.
Ramírez Hernández destacó que este Organismo envió 3 Amicus Curiae a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 3 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en materia de salud con perspectiva de género, el derecho a ser buscado; así como sobre las obligaciones de prevención, respeto y reparación integral de los derechos humanos por parte de empresas privadas, sobre la estancia de niñas y niños con sus madres privadas de la libertad y el derecho al cuidado, respectivamente.
Al exponer a Diputadas y Diputados la situación de las personas migrantes y en contextos de movilidad humana, la Ombudsperson capitalina explicó que la Ciudad de México está rebasada en su capacidad para atenderlos en los albergues de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y en uno del Gobierno local, lo que genera conflictividad social con vecinas y vecinos.
Indicó que desde hace un mes la CDHCM da seguimiento y monitoreo en diferentes puntos de las Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac, donde se han instalado campamentos y se han llevado a cabo “levantamientos para devolución” a su país, por parte del Instituto Nacional de Migración.
Ante esta situación, enfatizó, se requiere de una política de “primera acogida” porque el albergue de Tláhuac es insuficiente; se necesita más infraestructura operada desde el Gobierno de la Ciudad para evitar la conflictividad y dar dignidad a estas personas, que como lo establece nuestra Constitución local, requieren de atención prioritaria.