Boletín 169/2023
3 de diciembre de 2023
- Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Las emergencias visibilizan la carencia de acciones y políticas públicas específicas para atender de manera prioritaria y diferenciada a las personas con discapacidades antes, durante y después los eventos generados por desastres; toda vez que los impactos son aún mayores que en la población en general, colocándolos en una situación de crisis humanitaria.
Aun cuando en nuestro país, después del sismo de 1985 se consolidó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC); y luego del terremoto de 2017 se fortalecieron las medidas de prevención y autoprotección; las estrategias diseñadas para la prevención y atención de desastres carecen de un enfoque diferencial e interseccional centrado en la discapacidad y su diversidad.
Si bien, ante la emergencia por el paso del huracán Otis las instituciones aceleraron la entrega de apoyos económicos para diversas poblaciones, entre ellas las personas con discapacidad; quedó de manifiesto que además de estas medidas es imprescindible transitar hacia el diseño e implementación de modelos inclusivos con acciones de corto, mediano y largo plazo en cada una de las fases de previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
La accesibilidad, las medidas específicas y los ajustes razonables, son ejes a contemplar en al menos los siguientes rubros:
- Contar con un censo de las personas con discapacidad y su ubicación en atlas de riesgos.
- Adopción de buenas prácticas de capacitación y desarrollo de técnicas de evacuación, salvamento y apoyo humano.
- Asegurar el acceso a la información con la interpretación de mensajes oficiales en lengua de señas mexicana y producción de materiales en formatos accesibles y de lectura fácil.
- Evitar la institucionalización o creación de áreas segregadas para personas con discapacidad.
- Asegurar la consulta y participación activa de las personas con discapacidad en los procesos de gestión de riesgos como: la identificación de amenazas, simulacros, capacitación y autoprotección.
- Prever presupuesto para el suministro de productos y materiales específicos que requieren, asegurando la reposición de las ayudas técnicas y dispositivos de apoyo que resulten dañados por el desastre.
- Restaurar los derechos a la educación, al trabajo y la salud, al mismo tiempo que a la población sin discapacidad.
- Planear la recuperación y reconstrucción, eliminando las barreras preexistentes para garantizar su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad.
Es indispensable también considerar la salud mental, tanto de las personas con discapacidad psicosocial como de la población en general, ya que las emergencias pueden ser detonantes de condiciones que les afecten, como: ansiedad o depresión que deben atenderse.
En este tenor, la CDHCM enfatiza que la atención de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo debe darse en condiciones de igualdad, sin discriminación y con la misma oportunidad de protección, recuperación y restauración en el ejercicio de sus derechos.
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