Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 22/2024
29 de febrero de 2024
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Fotos del evento El reto de la institucionalización de la perspectiva de género radica en sustituir el sistema dominante por uno en el que las mujeres y las disidencias sexo-genéricas no sólo aspiren a una cuota, sino a que el Estado y la sociedad actúen en la lógica de garantizar todos sus derechos, desde el diseño de las políticas públicas.
Así lo señaló la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, al participar en el 2º Congreso Estatal de Unidades de Género, convocado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
En el Panel 1 “Institucionalización, transversalización y cultura de la perspectiva de género en la política pública estatal”, se refirió al Gender Mainstreaming, como cambio de paradigma institucional, impulsado desde el Estado, que responda de forma amplia e integral para revertir la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Lo anterior, agregó, implica necesariamente motivar y sostener una transformación cultural.
Recordó que el enfoque Gender Mainstreaming -que se tradujo como Transversalidad de la Perspectiva de Género- incorporado por consenso internacional en 1985, como parte de las políticas para el desarrollo igualitario, obedece a los cuestionamientos de las mujeres de los países en desarrollo, sobre las medidas aisladas para combatir la desigualdad y la necesidad de un paradigma alternativo, resultado de un sistema de género.
La Ombudsperson capitalina indicó que en 1995, 189 países acordaron incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de los Estados.
El Gender Mainstreaming, dijo, plantea una estrategia que involucra a todos los actores sociales, para lograr la igualdad de género en todos los ámbitos de desarrollo personal y comunitario.
Enfatizó que su esencia transformadora busca remplazar las ideas, creencias y métodos que han sostenido el sistema dominante, que ha privilegiado al género masculino a costa del femenino, por otras que permitan y promuevan de manera efectiva la igualdad.
Ramírez Hernández se refirió a la diferenciación del Gender Mainstreaming y la Transversalización de Género, así como a la institucionalización de la perspectiva de género en América Latina y en México, donde dijo, nació atomizada en instituciones y oficinas.
Lejos del ánimo original y de su potencial transformador, la institucionalización de la perspectiva de género está focalizada y, aunque ha contribuido a la eliminación de la desigualdad, no han logrado modificar real y esencialmente el paradigma de relacionamiento en lo público y privado.
Al respecto, se refirió al presupuesto focalizado en materia de género, que se incrementó desde 2008, pero que en 2024 aún significa menos de 5% de todo el presupuesto federal, insuficiente para garantizar los derechos de las mujeres.
En el terreno político-electoral, lamentó, apenas hace 70 años existe el voto de las mujeres, y en 2014 se aprobó la Reforma Política que garantiza la Igualdad Sustantiva, para garantizarles 50% de las candidaturas, y cuyas barreras actitudinales para cumplir tal disposición, originaron la Reforma Constitucional en materia de Paridad de Género, en 2019.
En el Panel 1 del 2º Congreso también participó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla; la Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama; y en representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Mayra López Lara. El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, fungió como moderador.
