Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 32/2024
23 de marzo de 2024
En México 1 de cada 20 personas se identifica como parte de la población LGBTTTIQA+. De ellas, 1 de cada 10 declaró haber sido obligada a asistir con un médico, autoridad religiosa u otra persona con el fin de “corregir” su orientación sexual, mientras que 1 de cada 7 han sido presionadas a recurrir a esos servicios para “corregir” su identidad de género.
Dichos datos ponen en evidencia que a pesar del tiempo y de los avances significativos en el reconocimiento de los derechos humanos de dicho grupo de atención prioritaria, aún persisten múltiples formas de discriminación y violencia en su contra que incluso constituyen tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta tortura.
Los ECOSIG o también llamadas “terapias de conversión” son aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tienen por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado que estas van desde el abuso verbal, hasta agresiones sexuales y físicas como golpes y electrochoques o privaciones de la libertad en condiciones insalubres y de hacinamiento lo que genera consecuencias en la pérdida de autoestima, estrés postraumático, ansiedad, depresión o incluso pensamientos suicidas.
Al respecto, la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México elaborada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) reportó que 1 de cada 3 juventudes LGBTQ+ intentó suicidarse el año pasado a causa de dichos esfuerzos por curar un malestar inexistente, pues no existe nada patológico en la diversidad de las orientaciones sexuales o en las identidades de género trans o no binarias.
En 2020, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en prohibir y sancionar las ECOSIG. De forma posterior, 13 entidades federativas realizaron las reformas y adiciones pertinentes para incluirlo en su Código Penal Local. A dicho escenario, se le suma el Proyecto de Decreto aprobado el pasado 22 de marzo por la Cámara de Diputados por medio de la que se adiciona tanto al Código Penal Federal como a la Ley General de Salud disposiciones que tienen por objeto prohibir la realización, impartición o aplicación de cualquier práctica que busque modificar la orientación sexual o la identidad de género. En el caso de las personas profesionales de la salud, se les imponen sanciones específicas derivado de su ejercicio profesional.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reconoce los esfuerzos legislativos y de la sociedad civil para lograr la protección de la dignidad y salud de las personas que forman parte de la población LGBTTTIQA+, porque no hay nada que curar.
