sábado , 27 abril 2024

Palabras de la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, durante la presentación de la Agenda Política de Mujeres en contacto con el Sistema de Justicia Penal

Discurso 03/2024
 26 de marzo de 2024 

Muy buenos días a todas, todos y todes quienes nos acompañan aquí en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y a quienes nos siguen a través de redes sociales.

Quisiera empezar, como decía Ángela Guerrero, tomándome un poquito de tiempo, y ahora de mi parte sí hacer un especial agradecimiento a Ángela Guerrero y a Valentina Lloret, porque sin ellas no estaríamos aquí, y eso tiene que quedar muy claro, tienen que saberlo. Es a partir de su trabajo en el que la Comisión de Derechos Humanos se suma y se ha venido sumando con esta agenda ya con bastante historia.

Estamos aquí en un evento que es, y yo coincido con Ángela, paradigmático. Nos lo ha dicho, este ejercicio es único no nada más en la Ciudad, sino en el país y también en muchos países. Esto no sucede… este tipo de agendas, apuestas por la democracia, a partir de esfuerzos de participación que incluyan a todos, a todas y a todes, no son comunes aún en un mundo que se jacta en la mayoría de los países de tener ejercicios democráticos.

Entonces siéntanse todas especial y aquí saludo con mucho cariño y reconocimiento a las diputadas, a las candidatas a diputadas, candidatas a senadoras, equipos de campaña de los diferentes partidos y diputados que están aquí sentados en vedad en un, quiero decirles, ejercicio excepcionalmente único.

Son ustedes protagonistas de algo que esperemos que cada vez sea más, que se repita más, que no podamos, de aquí en adelante, hablar de procesos de política de política electoral y democrático, sino lo hacemos con las personas privadas de la libertad.

Entonces, un cariñoso saludo a Ángela y a Valentina, y mi reconocimiento como persona y también como Presidenta de esta Comisión.

Saludo a Rocío Navarrete y también a Lucía Arteaga, que están acompañándonos aquí y que representan también este mundo del cual algunos de los que estamos aquí no tenemos cercanía. No podemos estar hablando naturalmente de personas privadas de la libertad, sino están privadas de la libertad en un espacio concreto, físico y ahí están, y muchísimas gracias por estar aquí; y el compromiso de entrada de tener este enlace que tiene que ver con cómo nuestro Sistema Penitenciario en la Ciudad en específico está sumándose a esta agenda.

Y especialmente a María Elena Palma, Elizabeth González, Valentina García y Jorge Ochoa, que ahí nos están viendo, gracias por estar aquí y estar presentes.

Los presupuestos teóricos, normativos y prácticos que definieron el paradigma penitenciario tradicional han impactado hasta ahora de forma negativa en la realidad dentro y fuera de los centros penitenciarios. Esto es así, porque los modelos arcaicos y hegemónicos se centraron en potencializar castigos retributivos que provocaron que el sistema se convirtiera en una herramienta de control y reordenamiento social.

En dicha tradición, las personas privadas de la libertad fueron sujetas a una especie de “muerte civil” que les anuló la posibilidad de disfrutar y ejercer diversos derechos humanos, entre ellos, la posibilidad de poseer bienes, de acceder a servicios de salud o de recibir visitas de sus familiares.

La razonabilidad dentro de esta realidad era lograr que la persona que había presuntamente vulnerado las normas sociales fuera desterrada de la sociedad.

Si bien con el tiempo se conquistaron diversos derechos en beneficio de la población privada de la libertad, aún existen diversos sistemas, como el mexicano, que mantienen una restricción al disfrute y ejercicio de derechos particulares, tal es el caso de los derechos político-electorales.

Dicha suspensión se sustenta, hasta la fecha, no sólo en una comprensión muy básica de lo que significa el contrato social en una sociedad como la actual, sino en prejuicios y estigmas asociados a dicho grupo poblacional.

Ante dicha realidad, ha sido necesario impulsar una transformación de paradigma que permita transitar de los modelos de política criminal tradicionales a un modelo penitenciario vinculado a derechos humanos.

Dicho camino ha requerido de modificaciones normativas, tal como la reforma penal de 2008 en nuestro país, que transitó de un sistema penal inquisitorio a uno acusatorio y oral. La Reforma Constitucional de 2011 sentó las bases de las herramientas de exigibilidad en derechos humanos y el reconocimiento de dicho grupo poblacional como un grupo de atención prioritaria en la Constitución Política de la Ciudad de México.

A pesar de los cambios que se han logrado, en la realidad estos no han permeado lo suficiente para romper nociones aún arraigadas en la población que parecen invisibilizar a los centros penitenciarios como espacios físicos, pero sobre todo a quienes se encuentran ahí cumpliendo o incluso, esperando una condena.

Es necesario impulsar que las personas privadas de la libertad, que forman parte de nuestra sociedad y que, por tanto, son sujetas de derecho, deben ser parte de la toma de decisiones y la construcción de una agenda a partir de herramientas para la exigibilidad de derechos en una democracia participativa.

En un escenario como el que nos presentan este año, en el que en poco menos de dos meses se celebrará la elección más grande de la historia en tanto se elegirán 20,367 cargos a nivel federal y local, se pone de manifiesto la importancia de impulsar el respeto, ejercicio y garantía de los derechos de dicho grupo poblacional y de visibilizar sus realidades.

En el caso específico del ejercicio del derecho al voto, se ha reconocido que la restitución de éste a las personas privadas de la libertad tiene implicaciones sumamente positivas en los procesos de reinserción social. Lo anterior es así, en tanto el derecho a la reinserción social adecuada comienza desde el centro penitenciario. No cuando se van del centro penitenciario.

Hay que construir la realidad a partir de la premisa de que las personas privadas de la libertad son parte de nuestra sociedad y que, por tanto, tienen derecho a participar en ella, lo que conlleva implicaciones en la pertenencia y en el sentido de responsabilidad de su ciudadanía, pues en la medida en que una persona sea incluida en la toma de decisiones sobre sus representantes y las determinaciones sobre legislación y política pública, tendrá mejores posibilidades de que sus demandas y necesidades sean satisfechas.

Al respecto, es importante reconocer de nueva cuenta los primeros ejercicios que se hicieron en la jornada electoral 2020-2021 de la mano de CEA Justicia Social, así como de otras Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que contribuyeron a dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2019.

Dicho ejercicio representó un gran avance en términos generales en el respeto, goce y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y marcan el inicio de un camino de verdadera participación al que el grupo de atención prioritaria debe de tener acceso.

En ese sentido, vale la pena rescatar lo que Jacques Ranciére, filósofo francés, ha postulado sobre la noción de participación en las democracias. Sobre esto, el autor sostiene que si bien parte del pensamiento contemporáneo acerca de la democracia busca constatar a diario que ésta se encuentra en peligro porque no hay una “ciudadanía” a la altura de sus obligaciones para sostenerla, esto es en realidad una falacia que toma como base la desigualdad que existe en la capacidad de agencia de las personas para involucrarse en la toma de decisiones de temas que les afecta.

Por ello, la participación democrática se sustenta en lo que se llama la igualdad de las inteligencias que se refiere a la emancipación de las personas para ejercer sus derechos. Esto es que las personas asuman la creencia de que ellos también, cualesquiera que sean sus limitaciones, pueden opinar seriamente acerca de los asuntos públicos que piensan que los afectan a ellos y a otros, y que sus opiniones deben ser consideradas con toda seriedad por los demás y por los gobiernos.

Esto quiere decir, de manera desafiante: la democracia no es una cuestión de ingeniería; ha sido históricamente, lo es hoy y lo será siempre, una cuestión de lucha. Es por ello que la teoría del reconocimiento sostiene que, aunque el capitalismo actual en la ficción nos busca despojar de la cohesión social, existen categorías que no sólo identifican sino habilitan la posibilidad de que las personas ─todas las personas, incluyendo a quienes se encuentran privadas de la libertad─ elaboren y mantengan una agenda, misma que debemos acompañar para garantizar frente a las diversas autoridades que sean escuchadas y tomadas en cuenta.

En suma, las personas privadas de la libertad no sólo tienen derecho a ejercer su derecho al voto, sino que tienen derecho a participar en la democracia más allá de un ejercicio representativo y por ello a formar agendas que les permitan poner en el centro sus contextos, intereses, prioridades y preocupaciones para transformar las realidades actuales, que en muchas ocasiones establecen penalidades más allá de la privación de la libertad o que trascienden en más dimensiones de la persona y sus familias.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, al 3 de marzo de 2023 ─últimos datos disponibles─ hay 25,520 personas privadas de la libertad, de las cuales 1,532 son mujeres, quienes, además, viven impactos diferenciados como resultado de su privación de la libertad.

A nivel federal, casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad no contaba con una sentencia y 30% debió esperar dos años o más para recibirla; lo anterior, contra 39% y 26%, respectivamente, en hombres en su misma situación.

Se ha documentado que las mujeres viven un mayor aislamiento y abandono por parte de sus familias, círculos cercanos y la sociedad en general lo que a su vez las expone a mayor discriminación, explotación laboral y violencia física y sexual.

En estos últimos años, este Organismo de Derechos Humanos ha emitido al menos 10 Recomendaciones, en las que acreditó vulnerabilidad a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad.

Por ejemplo, sólo en el tema vinculado con niñas y niños, es responsabilidad del Estado mexicano hacia las mujeres, dentro y fuera de prisión, diseñar y construir un sistema de cuidados que considere también contextos propios de cada entidad federativa, tal como es el caso de la Ciudad de México, en la que hasta hace unos meses se permitía que niñas y niños de hasta 12 años estuvieran con sus madres en los centros penitenciarios con el fin de garantizar el Interés Superior de las infancias, de los cuidados alternativos y privilegiando penas distintas a la privación de la libertad.

Al respecto, es importante decir que, si bien la disposición quedó fuera de nuestro ordenamiento legal derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de julio de 2023, esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México seguirá luchando porque se restablezca un estándar de protección a niñas y niños que permita a las mujeres privadas de la libertad ejerzan su maternidad y que los niños y las niñas les sea determinado su Interés Superior para ver el tipo y el especio que tendrían que tener ahí.

La agenda de mujeres en contacto con el sistema de justicia penal en el marco del proceso electoral 2023-2024 en la Ciudad de México que se presenta el día de hoy, da cuenta de diversos esfuerzos que se han venido materializando con el objeto de garantizar un ejercicio participativo en la democracia.

En ésta se reúnen las voces de mujeres diversas que se encuentran en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, en el Centro Penitenciario Santa Marta y el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, así como mujeres de seguridad y custodia de la Ciudad de México.

Los esfuerzos que se traducen en este evento permiten continuar en el camino a la construcción de un sistema penitenciario alineado a un andamiaje institucional que garantice el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas y, de forma particular, de las mujeres que han sido privadas de la libertad.

Muchas felicidades a todas las personas que han participado en este ejercicio, a quienes lo han impulsado, a quienes lo hacen su sentido de vida, muchísimo éxito.

Inklusion
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