Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 61/2024
26 de mayo de 2024
- La restitución del derecho al voto de las personas impacta de manera positiva en el modelo de reinserción social.
Durante el mes de mayo, las personas en prisión preventiva en los centros penitenciarios del país ejercieron por primera vez su derecho al voto y participaron de manera anticipada en el proceso electoral de 2024 para la elección del cargo de Presidencia y de otros cargos locales en las entidades de Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), de las 30 mil 947 personas privadas de la libertad en el país con posibilidad de sufragio votaron 26 mil 569 -el 85.85%, 2 mil 203 mujeres y 24 mil 366 hombres- en 214 centros penitenciarios ubicados en 31 de las 32 entidades del país, con excepción de Yucatán.
En la Ciudad de México, los días 6, 8 y 10 de mayo de 2024 se realizaron las elecciones anticipadas en 7 centros penitenciarios en las que participaron mil 847 de mil 997 personas, es decir, casi el 93% de quienes tenían la posibilidad de votar. Actualmente, la población penitenciaria en la Ciudad de México es de 6 mil 200 personas, no obstante, no todas realizaron el proceso para inscribirse en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva. Las 150 personas que no pudieron votar fue porque obtuvieron su libertad o asistieron ese día a alguna diligencia judicial. Personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) estuvo presente durante la jornada electoral en los centros penitenciarios para acompañar el proceso y orientar a las personas.
Durante dichas diligencias, la Comisión identificó que:
- Tanto el INE, como el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Secretaría de Seguridad Pública -a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario- dieron a conocer con oportunidad la información relacionada con el proceso electoral 2024 a las personas en prisión preventiva mediante la difusión de folletos informativos, la impartición de pláticas y el establecimiento de una agenda de compromisos por parte de candidatas, candidatos y representantes de fuerzas políticas.
- Los debates presidenciales fueron transmitidos en los centros penitenciarios. A esto se sumó la realización de un debate al interior del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha con el tema de “Sistema de cuidados para las familias de las personas privadas de libertad”.
- El INE mantuvo la colaboración con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y el IECM para garantizar el voto seguro y un procedimiento eficiente en los distintos centros penitenciarios.
- Les fueron entregadas 4 boletas a las personas privadas de libertad de modo que pudieran votar por candidaturas a los cargos de Presidencia de la República, Jefatura de Gobierno, Alcaldías y Diputaciones locales en función de la ubicación del centro penitenciario.
- Algunas de las personas participantes se mostraron bastante motivadas al momento de ejercer su voto pues afirmaron que esta era su primera elección.
El esfuerzo interinstitucional para materializar el derecho al voto de personas en prisión preventiva, además de saldar deudas pendientes para ese grupo de atención prioritaria, representa una aportación significativa en la atención del principio de presunción de inocencia de las personas que se encuentran en dicha situación jurídica. Además, amplía el ejercicio de los derechos político-electoral para un sector de la población que nunca había sido considerada en la democracia participativa.
A su vez, el ejercicio del derecho al voto de las personas en prisión preventiva contribuye a su reinserción social al crear un vínculo entre ellas y la comunidad política, misma que rebasa los muros de las cárceles. Lo anterior adquiere relevancia a la luz de los principios de progresividad y no discriminación de los derechos humanos.
Con este proceso, se ha establecido un estándar que no solo debe mantenerse sino evolucionar y avanzar progresivamente, lo que generará necesariamente una relación más estrecha entre diferentes actores políticos, instituciones electorales y el sistema penitenciario que tendrá un impacto positivo en los derechos de las personas privadas de libertad y en el modelo de reinserción social.
La CDHCM ha dado seguimiento a la restitución del ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de la libertad desde 2019 con motivo de la emisión de las sentencias SUP-JDC-352 y 353 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). A partir de entonces, la Comisión ha llevado a cabo foros, mesas de trabajo y reuniones entre autoridades acompañada por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar los derechos políticos de las personas privadas de la libertad como el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia social), cuyo trabajo ha sido fundamental para el avance de esa agenda con las instituciones públicas y la articulación entre dependencias.
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