Boletín 70/2024
9 de julio de 2024
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La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, se pronunció por revalorizar el trabajo informal para evitar su criminalización, pues contribuye a garantizar diversos derechos.
Al participar en el “Panel sobre el avance de los derechos de las personas trabajadoras en empleo informal”, organizado por la CDHCM y Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés), informó que, del 2018 a junio de 2024, la Comisión proporcionó 1,056 servicios relacionados con el trabajo informal.
Agregó que, de 2018 a la fecha, la CDHCM registró 669 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos relacionados con el trabajo informal o el trabajo no asalariado.
“La mayoría señala como autoridades responsables a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y algunas Alcaldías”, indicó.
La Ombudsperson capitalina detalló que la principal problemática que se establece en los expedientes es que las licencias no respaldan las actividades que las personas realizan en la economía informal.
Enfatizó que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla, en el Artículo 10, inciso B, que las personas trabajadoras no asalariadas tienen derecho a realizar un trabajo digno y poseer una identidad formal.
“Los artículos transitorios establecieron un plazo para que el Congreso local emitiera los ordenamientos en la materia; sin embargo, a la fecha, no existe algún instrumento que regule los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas”, subrayó.
Expresó que es necesario desmontar los estereotipos y prejuicios asignados a las personas que trabajan en la economía informal, tal como la falsa creencia de que quienes participan en la economía informal no contribuyen con el pago de impuestos.
Este Organismo reconoce que todas las actividades que se realizan en la economía informal no sólo son una actividad meramente económica, sino que, como todo trabajo digno y decente, el trabajo en el espacio público debe ser respetado.
En su oportunidad, la Coordinadora para América Latina del Programa de Leyes de WIEGO e integrante del Consejo de la CDHCM, Tania Espinosa Sánchez, manifestó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 48% de las personas en América Latina y el Caribe laboran en el ámbito informal.
Agregó que según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 60% de las personas que trabaja en todo el mundo lo hacen en la informalidad.
Para el avance de los derechos humanos de este sector poblacional se le tienen que reconocer explícitamente sus derechos, expresó.
A su vez, el integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Santiago Fioro, informó que esta representación ha emitido a México 13 Recomendaciones sobre economía informal.
Comentó que los dos impactos que tiene la economía informal es la falta de protección social y el nulo acceso a los derechos laborales. “La economía informal es, definitivamente, un tema de derechos humanos”, enfatizó.
En su participación, el experto independiente de la organización Armonía con la Naturaleza, Jorge Calderón, aseguró que en el mundo hay 381 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y casi el 90% de esa cantidad se encuentra sin acceso a seguridad social.
Afirmó que la mayor fuerza laboral del mundo se encuentra dentro de la categoría del empleo informal, por lo que enfatizó la necesidad de revalorizar el derecho al cuidado.
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