Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 73/2024
18 de julio de 2024
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Fotos del evento 
Discurso de la Presidenta de CDHCM 
Video del eventoLa falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de la vivienda genera desgaste de las personas en el intento por consolidar su patrimonio y afianzar su proyecto de vida, comprometiendo también el disfrute de otros derechos humanos igualmente trascendentes, como sus Derechos a la Salud, a la Integridad personal, a la Familia y a la Propiedad, entre otros.
Así lo advirtió la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante la presentación de la Recomendación 05/2024, dirigida al Instituto de la Vivienda (INVI), por la falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de vivienda en el caso de una mujer adulta mayor.
Recordó que la CDHCM ha girado antes dos instrumentos recomendatorios donde señala la necesidad de generar programas de vivienda dirigidos a personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria y/o que concurren en categorías de identidad e interseccionalidades que las colocan en situación de especial vulnerabilidad, como ser mujer y ser persona mayor.
Ramírez Hernández señaló que, de acuerdo con el INEGI, 30% de las viviendas en el país son propiedad de mujeres y, en la Ciudad de México, se incrementa a 40%. Además, en 2022, se registró que el ingreso mensual en los hogares en donde las mujeres son jefas de familia es 35% inferior a las que encabezan los hombres; y la brecha aumenta a 41% entre las personas mayores de 60 años, que significan 12% del total nacional (8 millones) y 16% de la población en la Ciudad de México.
La Defensora advirtió además que, a nivel nacional, hay 48 personas mayores por cada 100 niñas o niños menores de 15 años, y en la Ciudad de México la proporción es de 90 por cada 100, lo que refleja el acelerado proceso de envejecimiento de la capital del país.
A lo anterior, se suma la desigualdad estructural de las personas mayores que enfrentan mayor discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, al mismo tiempo que experimentan la reducción de sus capacidades físicas y su retiro del mercado laboral.
Muestra de ello, subrayó, es que en 2020, casi la mitad de las personas mayores contaba con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza, con 2 mil 86 pesos y 3 mil 202 pesos mensuales, en las zonas rurales y urbanas, respectivamente.
En el caso que dio origen a la Recomendación 05/2024, dijo que la CDHCM documentó la violación del Derecho a la Vivienda adecuada por la falta de seguridad jurídica sobre la propiedad, en perjuicio de una mujer mayor que aunque pagó oportunamente y agotó las gestiones correspondientes, no se le ha entregado su escritura de propiedad en condominio de su departamento.
Con base en la documentación de los hechos, la CDHCM emitió la Recomendación 05/2024 al INVI, en la que le solicita brindar atención adecuada para garantizar seguridad jurídica a las personas sobre su vivienda e incorporar mecanismos de supervisión y control de sus Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera.
El INVI deberá hacer énfasis sobre sobre los derechos y obligaciones de las personas acreditadas, así como en la constitución del régimen de propiedad en condominio e individualización de las viviendas, que eviten la dilación en la entrega de las escrituras públicas de la propiedad.
Además, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el Instituto deberá integrar el expediente de la mujer mayor -víctima directa- y emitir una resolución del plan de reparación integral que considere medidas de restitución, rehabilitación, compensación económica, satisfacción y no repetición.
Y finalmente, el INVI deberá agotar el proceso de constitución del régimen de propiedad en condominio, hasta la emisión de la escritura pública que avale la propiedad de la víctima.
El Tercer Visitador de la CDHCM, Cristopher Arpaur Pastrana Cortés, dio lectura de los actos y omisiones de autoridad que permiten acreditar la violación al derecho a la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.
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