Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 82/2024
8 de agosto de 2024
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Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) el considerar las diferencias por razones de género al abordar el consumo de sustancias psicoactivas, así como incorporar el enfoque de derechos, permite que los esfuerzos y estrategias que se impulsan en esta materia sean más eficaces.
Así lo destacó la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, al dar la bienvenida a las y los participantes de la 7ª Reunión Nacional con los Enlaces de Establecimientos Residenciales de las Comisiones Estatales de Salud Mental y Adicciones. “Integración de la Perspectiva de Género y de Derechos Humanos en la atención Residencial en adicciones en México”.
En el encuentro organizado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), sostuvo que considerar las múltiples vulneraciones que experimentan las personas permite la integralidad en la atención y respuesta que se da a problemáticas sociales.
La Presidenta de la CDHCM reconoció los esfuerzos de la CONASAMA para transitar hacia un paradigma de atención a la salud mental en el consumo de sustancias psicoactivas que sea garante, respetuoso y protector de los derechos humanos de las personas.
Explicó que las anteriores políticas públicas abordaron el consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de seguridad y no como un asunto de salud pública, las cuales deterioraron las libertades civiles de las personas consumidoras y propició la negación de derechos como: acceso a la salud, justicia, dignidad, una vida libre de violencias e incluso, en casos graves, el derecho a la vida.
De igual forma, dijo, el consumo de sustancias psicoactivas se ha relacionado con graves violaciones a derechos humanos como la detención y privación arbitrarias de la libertad, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales.
Por ese motivo, señaló que la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque en derechos humanos contribuyen a enfatizar la eliminación de cualquier tratamiento e intervención que resulte coercitiva, punitiva y que atente contra la dignidad, la autonomía e integridad de las personas.
En tanto, el Titular de la CONASAMA, Juan Manuel Quijada Gaytán, reconoció la labor de los Enlaces de los Establecimientos Residenciales que por mucho tiempo, al igual que quienes tienen usos problemáticos por el consumo de sustancias, padecieron del abandono institucional por décadas.
Subrayó que ahora se lleva a cabo un trabajo colaborativo y de capacitación para cambiar el viejo paradigma, velando por los derechos humanos de todas y todos, desde una perspectiva de género.
Explicó que el internamiento no es tratamiento, sino el último recurso y no es necesario para todas las personas. Hoy, dijo, se brinda una atención oportuna e integral.
En su oportunidad, la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Nuria Fernández Espresate, hizo un llamado a mirar la salud mental desde la óptica de derechos humanos y comunitaria, que permita encarar la actual situación de las personas usuarias de sustancias psicoactivas.
Indicó que es necesario estar cerca de las personas para otorgar la atención en el plano de las adicciones y salud mental, en particular niñas, niños y adolescentes (NNyA), personas mayores, personas con discapacidad y personas migrantes (externas e internas).
En ese sentido, consideró fundamental la coordinación en territorio, con los DIF municipales y estatales, para lograr una mayor atención en materia de salud mental.
Por otra parte, el Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Froylán Vladimir Enciso Higuera, destacó que se trabaja bajo una nueva sensibilidad y construcción conjunta de servidoras y servidores públicos en territorio, de la mano de las organizaciones civiles, para atender a las personas con un consumo problemático de sustancias.
Subrayó que la atención a este grupo de población no puede hacerse solo; ningún enlace o servidor público de ningún estado podrá mejorar los servicios de salud de nuestros usuarios de manera aislada. Las personas usuarias de estas sustancias no son criminales, tiene diferentes niveles de vulnerabilidad que se atienden desde el enfoque de derechos humanos.
En la Reunión de Enlaces de Establecimientos Residenciales también participaron: Pablo Quiroga Adame, Comisionado de Fomento Sanitario de la COFEPRIS; Stacy de la Torre, Oficial de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC); María Sirvent Bravo Ahuja, Directora de Documenta A.C.; y José Luis Santiago Morales, Presidente Nacional de Drogadictos Anónimos.
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