Boletín 93/2024
4 de septiembre de 2024
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La figura de amnistía no puede representar escenarios de impunidad, especialmente en casos de violaciones graves a derechos humanos, por lo cual existe la preocupación de que se desproteja a las víctimas en su derecho a la reparación del daño.
Así lo destacó la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, al inaugurar el Foro: “Ley de Amnistía y beneficios por colaboración en los casos de violaciones a los derechos humanos en México. Diálogo sobre su aplicabilidad, análisis de los avances, retrocesos y propuestas de medidas para su eficacia”.
Sostuvo que ante la amplia normatividad existente, se requiere de un análisis enfocado al acceso de beneficios por colaboración, como salvaguarda de los derechos de las víctimas para transitar a horizontes de verdad, justicia y reinserción social.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) explicó que en nuestro país, la primera Ley de Amnistía fue publicada en 1978, con el objetivo de cesar los efectos penales por delitos de sedición, rebelión, conspiración u otros cometidos al formar parte de grupos impulsados por móviles políticos. Dicha Ley fue abrogada en 2015.
La segunda Ley de Amnistía -dijo-, aún vigente, fue publicada en enero de 1994, con el objetivo de conceder el perdón penal por delitos cometidos con motivo de los hechos suscitados en varios municipios del estado de Chiapas, durante el periodo del 1 al 20 de enero de ese mismo año.
Indicó que en 2020 se publicó la tercera Ley de Amnistía -también vigente-, en favor de personas que hubieran cometido delitos del fuero federal atribuibles a causas estructurales de desigualdad: aborto, delitos contra la salud motivados por situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, exclusión y discriminación, fallas en el procedimiento para personas indígenas en cuanto a la interpretación, entre otros.
Ramírez Hernández apuntó que las tres Leyes de Amnistía atienden a momentos históricos de transformación, en los que el poder político identificó la relevancia de retirar el poder punitivo del Estado con base en una justificación de justicia social.
En tanto, el Director General de I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., Juan Carlos Gutiérrez, sostuvo que hay una serie de obstáculos normativos y legislativos que impiden avanzar en ofrecer a las familias de víctimas de violaciones a derechos humanos, una alternativa desde el marco jurídico para poder encontrar la verdad de los hechos.
Consideró difícil unir la figura de la amnistía con los beneficios por colaboración, pero precisamente por este motivo se abre una discusión con autoridades, organizaciones sociales y colectivos de familiares, quienes tienen propuestas muy desarrolladas.
Destacó la necesidad de dialogar sobre el tema de los beneficios por colaboración, que tanto Ministerio Público, como familias de víctimas y acompañantes legales entiendan qué son, a fin de evitar confusiones entre la figura de amnistía y el principio de oportunidad penal.
En la Mesa 1 “Diálogo sobre la Ley de Amnistía” participaron: Javier Dondé Matute, jurista y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Adriana Muro, Directora Ejecutiva de Elementa; Humberto Guerrero, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Nuriney Mendoza, Directora General de Quejas y Atención Integral de la CDHCM; Magdalena López Paulino, Secretaria Ejecutiva de Red Solidaria contra la Impunidad A.C.; Montserrat García, La Cana, abogada del Proyecto Libertad; Ángela Guerrero, de CEA Justicia Social; José Antonio Guevara Bermúdez, Codirector del Centro de Investigación de Crímenes Atroces de México; Alan García, Oficial de Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Mayra González, del Colectivo “Buscando Vidas y Justicia por México”.
En la Mesa 2 “Diálogo sobre Beneficios por Colaboración” participaron: Martín Villalobos, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM); Sol Salgado Ambrós, ex Comisionada de Búsqueda del Estado de México; Roberto Cruz, de la Coordinación de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos (MDDH, de la Universidad Autónoma de Chiapas; Miguel Ontiveros, profesor e investigador; Héctor Carreón Perea, miembro de la Asociación Internacional de Fiscales; Andrés Díaz, Oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH; e Iván García Gárate, Segundo Visitador General de la CDHCM.
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