Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 17/2024
18 de octubre de 2024
Muy buenos días a todas, todos y todes, sean bienvenidos a esta Comisión, y también a quienes nos están siguiendo por redes sociales.
Saludo especialmente a quienes me acompañan aquí en la mesa, al equipo de CEA Justicia Social, a Ángela Guerrero, a Ana del Valle, a María Luisa Montoya y a Efrén Manzano, especialmente, y a todos los que participaron y han participado en la Escuela Comunitaria, ya sea como docentes, como aliados y como participantes plenos.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria, a septiembre del 2024 el 88.4% de la población privada de la libertad corresponde al fuero común; mientras que el 11.6% corresponde al fuero federal.
Hay sobrepoblación en 121 centros penitenciarios del país, de los cuales 18 son federales y 103 del fuero común.
El 32% de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del fuero común son procesadas tan solo; es decir, estamos hablando de una tercera parte.
El Estado de México es la entidad federativa con mayor población penitenciaria, seguida de la Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Sonora.
Sumado a ello, un aproximado de 8 de cada 10 personas privadas de la libertad solicita servicios de defensoría pública en materia penal. Sin embargo, persisten fallas estructurales en ese servicio fundamental para el acceso a la justicia, lo que impacta en el alto número de personas privadas de libertad.
La falta de defensa adecuada no es el único elemento que contribuye a lo anterior, sino también un diseño normativo punitivo que limita las opciones de las sanciones, una práctica judicial que no saca provecho de los principios interpretativos para hacer uso de la sanción privativa de la libertad como último recurso, la debilidad de un sistema penal que puede ejecutar sentencias no privativas de libertad, la discriminación estructural que tiene por resultado la racialización y el condicionamiento social como características principales de las personas privadas de libertad con inadecuada o nula defensa, entre otros muchos factores.
Todo lo anterior transgrede el derecho del acceso a la justicia y también el de la reinserción social. Además, la persistencia de ese conjunto y acumulación de fallas reproduce la desigualdad social y representa un alto costo integral y generacional.
La falta de un enfoque restaurativo en nuestro sistema penal y su aplicación, así como su ausencia en la atención tanto a la conflictividad inherente a las dinámicas entre las personas y comunidades, como a las causas estructurales de la desigualdad en general, no nos permiten avanzar como sociedad hacia escenarios de mayor justicia social en los que las responsabilidades sean asumidas de manera individual o colectiva, civil o institucionalmente.
Ante este panorama, dos elementos constituyen factores de resistencia y de posibilidad de progreso: el primero, la educación para disminuir la simetría del poder entre el Estado y la representación legal público-privada; la segunda, la acción comunitaria versus la acción individual, que fortalece las estrategias y genera una base de acción a partir de la unidad, la convergencia y la identidad de los impactos de un sistema. Es decir, no es problema de uno, es problema de todos. Lo que le pasa a uno afecta no nada más a su familia, sino también a sus comunidades y nos afecta como sociedad en su conjunto.
El hecho de que este fortalecimiento comunitario se emprenda con población privada de la libertad y sus familiares del Estado de México y la Ciudad de México, las dos entidades con mayor población penitenciaria, no es fortuito. Y tampoco lo es que estén llamados a este espacio los Organismos Públicos de Derechos Humanos de ambas entidades, puesto que son estos organismos quienes tenemos el mandato de la defensa de derechos, y como institución del Estado mexicano estamos llamados a transformar las condiciones sistémicas que conducen a la violación de derechos de las personas, especialmente de las que estructuralmente son discriminadas.
Por todo ello, saludo esta iniciativa de la sociedad civil que reúne a una comunidad de personas, actores sociales e instituciones que somos parte de la solución y del problema, entre las que se encuentran: los Institutos de Defensa Pública locales y federal; las Fiscalías Generales de Justicia; el sector académico como el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, ambos de la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien ha sido vanguardista en sus programas universitarios accesibles para personas privadas de libertad; organizaciones como CEA Justicia Social, Mujeres Unidas por la Libertad, Zeferino Ladrillo, Haz valer mi libertad, Disentir, Personas liberadas y familiares, Elementa Derechos Humanos, México Evalúa, Fon y Creatura.
Deseo que esta convocatoria sea cada vez más sólida entre quienes compartimos una visión de la reinserción social congruente con los derechos humanos en nuestro contexto, que busca transformar las condiciones materiales de las personas y comunidades, y que conlleve a la ampliación de los efectos de los talleres y la formación de esta Escuela Comunitaria.
Que este sea el primero de muchos y que se complemente con una labor reforzada que día con día emprendemos los organismos no jurisdiccionales para el acceso a la justicia de las personas.
Muchísimas gracias por la confianza y aquí estaremos.
