Boletín 115/2024
26 de noviembre de 2024
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El Acto de Reconocimiento de Responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por la emisión de la Recomendación 01/2023, es una medida orientada a restituir la dignidad de las víctimas.
Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante el evento, en el marco del seguimiento a dicho instrumento recomendatorio sobre violencia institucional con motivo de la investigación de casos de violencia familiar y tentativa de feminicidio.
Ante la presencia de víctimas directas e indirectas, familiares, colectivas y organizaciones civiles, así como como el Doctor Ulises Lara López; la ex Fiscal y hoy Consejera Jurídica de la Presidencia, Maestra Ernestina Godoy Ramos; y personal de la FGJCDMX, sostuvo que este Acto se suma a las medidas de restitución e indemnización para conformar, en conjunto, la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos: “Es lo debido, lo justo y lo esperado de una autoridad”.
La Ombudsperson capitalina explicó que la reparación integral del daño permite transitar hacia escenarios políticos que posibiliten una construcción democrática y condiciones sostenibles de paz.
El Acto atestiguado hoy, dijo, abre la posibilidad de transformación no sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad, principalmente mujeres, niñas y niños con las autoridades de procuración de justicia.
En este contexto, indicó que de 1993 a 2017, la CDHCM emitió 66 medidas de satisfacción de esa naturaleza, de las cuales fueron aceptadas 52 y 12 fueron cumplidas, en los 25 años transcurridos.
En contraste, remarcó, de los últimos 7 años a la fecha (2018-2024), han sido emitidas 131, aceptadas 117 y 25 cumplidas. Esto da cuenta de que los tiempos y contextos políticos cambian. Es un paso positivo que las autoridades reconozcan su responsabilidad y es fundamental dar cumplimiento a las otras medidas de reparación del daño.
En su oportunidad, el Coordinador General de Investigación Territorial, en Suplencia de la Persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por Ministerio de Ley, Ulises Lara López, reconoció las falencias traducidas en deficiencias y malas prácticas ocurridas por la actuación de quienes tenían la responsabilidad de garantizar una investigación eficiente para las víctimas.
“Señora Nadia Daniela Sánchez Martínez y señora Karla Daniela García Tello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por mí conducto, y a nombre de todo su personal, con un profundo sentido de humanidad, sensibilidad y debido respeto, reconoce su responsabilidad por las omisiones cometidas por el personal de esta Fiscalía que derivó en la violación a sus derechos humanos”, enfatizó.
Lara López expuso que la lucha de Nadia y Karla no ha sido en vano, por lo que refrendó el compromiso institucional para fortalecer los procesos internos de supervisión y vigilancia en la FGJCDMX, así como implementar medidas para evitar que se repitan casos como los documentados en la Recomendación 01/2023.
Entre otras acciones, destacó que se ha modificado la estructura orgánica de la Fiscalía para reforzar la protección adecuada y la atención del riesgo, así como la investigación con debida diligencia, como parte de la obligación institucional para proteger a las víctimas de violencia de género y evitar malas prácticas.
En su intervención, la víctima y sobreviviente de violencia familiar, Karla Daniela García Téllez, denunció que no se ha garantizado su seguridad como persona y la reparación de su vida tras vivir violencia feminicida junto con su hijo.
Lamentó que existan funcionarias y funcionarios públicos que no son empáticos y sensibles con las víctimas de delitos, porque carecen de perspectiva de género, y en donde hoy en día, la revictimización es constante.
“Cuando una mujer se atreve a denunciar ante la Fiscalía es importante que las autoridades le crean”, subrayó.
A su vez, la también sobreviviente y víctima de violencia de género, Nadia Daniela Sánchez Martínez, aseveró que las personas servidoras públicas que omiten, obstaculizan, retrasan o impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos, también cometen un delito.
En México, manifestó, las mujeres se tienen que atrever a denunciar a sus agresores; sin embargo, reconoció que, por las deficiencias técnicas estructurales y la discriminación, no son escuchadas y protegidas adecuadamente por las autoridades cuando son víctimas de violencia.
En calidad de testigo social, Wendy Figueroa Morales (Directora de la Red Nacional de Refugios A.C.), afirmó que todos los días en el país son asesinadas más de 10 mujeres a manos de quien dice amarlas; en el 99% de los delitos existe impunidad y el 40% de los feminicidios que se cometen pudieron prevenirse.
Frente a este panorama, hizo un llamado a las autoridades a reconocer que la violencia familiar es un delito grave, porque es la antesala para el feminicidio.
La Recomendación 01/2023 puede consultarse en la siguiente dirección: