Boletín 128/2024
16 de diciembre de 2024
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Dada la importancia del papel geopolítico que juega nuestro país y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos de América (EUA) en los últimos años, las propuestas de las organizaciones civiles, academia e instancias públicas son fundamentales para coordinar respuestas institucionales, debido al riesgo de deportaciones masivas.
Al participar en la conferencia “Propuestas prácticas frente a las políticas migratorias de Trump”, convocada por Agenda Migrante y otras organizaciones, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, refrendó el compromiso por acompañar esta iniciativa que atienda la agenda de la movilidad humana.
Indicó que en EUA viven alrededor de 51 millones de personas migrantes, de las cuales se calcula que una cuarta parte son mexicanas, es decir, 12 millones de personas.
Explicó que en los últimos años se ha observado una política migratoria restrictiva en ese país, mediante acciones como la deportación masiva de personas que ingresan a su territorio de manera irregular, la construcción de barreras físicas y la militarización de su frontera sur. Lo cual generó cambios en los perfiles migratorios, tiempo de estancia y modificación de rutas.
En 2023, dijo, se registraron 214 mil 849 personas mexicanas deportadas desde EUA. Sin embargo, en 2010 se cuantificaron 469 mil deportaciones. La Ombudsperson capitalina estimó que para los meses de enero-febrero del siguiente año se podría regresar a los niveles de 2010 con alrededor de medio millón de mexicanos deportados.
Por otra parte, de enero a agosto de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) identificó a más de 925 mil personas extranjeras en situación migratoria irregular en México, 18% más que todo el año 2023. Las solicitudes de asilo en nuestro país, que superaron las 140 mil en 2023, implican un crecimiento de más de 10 mil 786%, en tan sólo una década.
Ramírez Hernández enfatizó que con la llegada de nuevo gobierno en EUA, en enero próximo, se vislumbran dos potenciales crisis: una deportación masiva de mexicanos a nuestro país, y una deportación masiva de nacionales de otros países a México.
Sostuvo que se requieren altos niveles de coordinación y articulación, que permitan eficientar los recursos públicos y privados; aprovechar la experiencia del servicio exterior mexicano que conoce de las demandas, desafíos y áreas de oportunidad en la atención a los connacionales; apoyados por las diversas agrupaciones y colectivos para dar a conocer -de primera mano- sus demandas y propuestas concretas para su atención.
El INM, señaló, debe favorecer la claridad en la información y de sus acciones en materia de gestión migratoria, así como un diálogo permanente y coordinar acciones con organizaciones sociales y civiles, academia, empresarios y población migrante.
La Presidenta de la CDHCM apuntó que serán los gobiernos locales quienes enfrentarán de forma directa los desafíos en la atención a la población retornada. Por ese motivo, dijo, esta Comisión se suma a esta labor porque la Ciudad de México también recibirá a estas personas y las atenderá desde su materia local.
Eunice Rendón Cárdenas, de Agenda Migrante, explicó que dichas propuestas parten de una visión binacional; de expertos, académicos, organizaciones civiles e instancias internacionales de ambos lados de la frontera.
Hizo un llamado a las organizaciones civiles a sumarse a esta reflexión, toda vez que las propuestas abordan temáticas como: defensa y protección legal, comunicación, salud, educación, empoderamiento comunitario, derechos humanos y agenda política.
Es necesario, apuntó, contrarrestar las narrativas que estigmaticen a las personas migrantes en EUA; hay que encontrar las palabras para conectar con esas personas que tomaron el mensaje del futuro presidente norteamericano y vean la otra cara de la moneda, pero sobre todo sus aportaciones a ese país.
En la conferencia también participaron Angélica Martínez Guevara de Fuerza Migrante, Mariana Aparicio Ramírez del Observatorio Binacional México-Estados Unidos, Bernardo Méndez Lugo de América sin Muros, y Anabel Ortega Muñoz, de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
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