Boletín 141/2022
30 de octubre de 2022
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Todos los actos que provengan de las autoridades estatales, ya sean de carácter jurisdiccional, administrativo o sancionatorio deben respetar el debido proceso. Y cuando una persona sea acusada de la comisión de un delito, deberá considerarse inocente hasta en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por una autoridad judicial.
Así lo enfatizó la Presidenta de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante la presentación de la Recomendación 09/2022 sobre la detención ilegal y violación al debido proceso.
Este Organismo acreditó que a René Vallarta Cisneros -víctima directa- se le privó de la libertad por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) sin un mandato judicial y sin que se actualizara alguno de los supuestos de excepción, configurándose una detención ilegal.
A partir de la investigación realizada por la Primera Visitaduría General de la CDHCM, encabezada por Juan Carlos Arjona Estévez, se constató que lo detuvieron mediante jaloneos y uso de la fuerza física por más de una persona; sin que mediara algún tipo de persuasión verbal, lo subieron a la patrulla, el 12 de enero de 2022.
La Ombudsperson capitalina subrayó que mientras exista la posibilidad de la detención arbitraria, las demás barreras a la acción gubernamental se convierten en esperanzas vacías. El comportamiento que se espera de las autoridades, dijo, es realizar una investigación diligente, no supeditada a la actuación de las víctimas.
Para esta Comisión, remarcó, los casos de violaciones a los derechos cometidos por personal de la SSC cobran especial relevancia al tratarse de agentes del Estado, de los cuales se espera que en el ejercicio de sus funciones los respeten, observando los principios de: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.
Entre los puntos recomendatorios dirigidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana destaca el realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad de la detención ilegal, así como de la omisión de proteger, garantizar y respetar derechos a la libertad y seguridad personal de la víctima.
De igual forma llevar a cabo las gestiones necesarias para la inscripción de René Vallarta Cisneros en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, así como coadyuvar en la determinación del plan de reparación integral.
Dar vista a las instancias competentes para que se investigue la responsabilidad administrativa y/o penal de las personas servidoras públicas, que participaron en los hechos documentados.