Boletín 148/2023
24 de octubre de 2023
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Es fundamental concebir la salud obstétrica como un asunto de salud pública y de derechos humanos, con el objetivo de desmantelar las estructuras institucionales y culturales que han violentado históricamente a las mujeres y personas gestantes en el ejercicio de sus derechos durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, al presentar la Recomendación 10/2023 sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica.
Destacó que, a través del presente instrumento recomendatorio encabezado por la Tercera Visitaduría General, se investigaron nueve casos de violencia y maltratos que viven las mujeres al atender sus embarazos, partos y postpartos en las instituciones públicas de salud.
La Ombudsperson capitalina apuntó que se reconoció a 14 víctimas directas luego de que se documentaran violaciones a su derecho a una vida libre de violencia obstétrica, derecho a la salud, a la vida, a la protección de la familia y al acceso a la justicia.
De igual forma contempla a 22 víctimas indirectas -entre las que se encuentran jóvenes, niñas, niños y adolescentes-, quienes han acompañado de forma cercana a las víctimas directas.
Las autoridades responsables fueron la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud Pública y la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México.
Desde 2019 este Organismo ha documentado con mayor frecuencia este problema, así como los datos sobre la prevalencia de la violencia obstétrica en la Ciudad de México que señalan que 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas, dan cuenta de que es una forma de violencia de género que ha sido constantemente invisibilizada, normalizada y que prevalece.
Expuso que si bien la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) no establecen de forma expresa la violencia obstétrica como una forma de violencia basada en el género, dichos instrumentos constituyen el marco a partir del cual se han desarrollado las más novedosas aproximaciones.
Desde el 2018, dijo, la CDHCM ha realizado diversos esfuerzos por lograr aproximaciones en torno al derecho humano a una vida libre de violencia obstétrica. En 2022, este Organismo interpuso un Amicus Curiae en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) con relación al Caso Manuela y Otros vs. El Salvador; también en el Caso Beatriz y Otros Vs. El Salvador esta Comisión aportó elementos referentes a la necesidad de garantizar el derecho a la salud con perspectiva de género.
No obstante, los esfuerzos realizados para mejorar los procesos de atención a través de la capacitación continua al personal -enfatizó- existe el reto de sensibilizar al gremio médico, más aún frente al contexto de la federalización de los servicios de salud.
Entre los puntos recomendatorios se establece la inscripción de las 14 víctimas directas y 22 víctimas indirectas, en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México; así como determinar los planes de reparación integral.
La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública deberán realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad, el cual deberá ser plenamente satisfactorio para las víctimas.